CCOO Sanidad de Madrid ha censurado este jueves que la Comunidad de Madrid haya dejado de manera definitiva «en la calle» a los 119 rastreadores Covid que un juzgado mandó readmitir al dictaminar que su despido era nulo pero contrata nuevo personal para realizar estas tareas.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró nulo el despedido de 119 rastreadores y condenó a la Comunidad de Madrid a readmitir «de inmediato» a todos ellos, en las mismas condiciones que regían antes del despido –30 de junio de 2022–. Desde la Consejería de Sanidad, por su parte, han insistido en que se declaró nulo por procedimiento, y no por las funciones que ejercían.
Así, han recordado que, finalizada la fase aguda de la pandemia, estas funciones no se contemplan en la Estrategia de Vigilancia y Control del Covid y han resaltado que las labores de rastreo ya no se desarrollan en España.
«Tras la sentencia, la Comunidad de Madrid eludió normalizar su readmisión, incumpliendo la sentencia judicial, y rescindió definitivamente sus contratos, cuya fecha de vencimiento era el 15 de diciembre de 2022, argumentando que no eran necesarios ya sus servicios», ha lamentado el sindicato en un comunicado.
No obstante, acto seguido, ha censurado el sindicato, el Ejecutivo regional ha contratado a seis enfermeras, un médico y un biólogo para estas labores. Según ha afeado, no lo ha hecho a través de la Consejería de Sanidad, en concreto de la Dirección General de Salud Pública que es donde están adscritos para realizar su trabajo, sino que los contratos de este personal se han formalizado a través de la Fundación de Investigación de Atención Primaria, cuyo objeto social es investigación, desarrollo y formación biomédica.
En concreto, se trata de un ente público «más flexible con la forma de contratación y con condiciones laborales inferiores y donde la Administración se refugia en la opacidad y falta de transparencia para contratar». «Esta maniobra lleva, una vez más, según denuncia CCOO, a la reducción y externalización de la plantilla de personal laboral y funcionario en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En este momento, el 10% de la plantilla se encuentra en peores condiciones laborales», según el sindicato.
Además, paralelamente, la Comunidad ha amortizado el mismo número de puestos (ocho) del mismo grupo (Grupo A) que estaban contemplados en la plantilla orgánica de la citada Dirección General.
RASTREADORES
Todo ello cuando la Comunidad de Madrid «ha reducido drásticamente la plantilla del personal de Salud Pública y ha buscado un subterfugio legal para externalizar la contratación» con la desaparición de los contratos de rastreo para el Covid.
Los rastreadores despedidos recibieron la comunicación de readmisión, pero tras impedirles entrar en su centro, finalmente fueron «arrinconados» en un «almacén», sin medios para desarrollar su trabajo y sin tener trabajo alguno encomendado, según denunció el sindicato, que señala que tampoco consta que fueran dados de alta, durante ese tiempo, en la Seguridad Social.
CCOO define esta incorporación como «muy dura» dado que ninguno de los responsables de la Dirección General de Salud Pública, ni tan siquiera sus responsables más directos, se dignaron a recibirlos. «A los primeros que se incorporaron les negaron el acceso a la subdirección de Vigilancia Epidemiológica, a donde les habían dirigido desde la Subdirección de Personal. Sin medios, sin espacios de trabajo adecuados, pero sin duda lo más duro fue acudir, durante un mes, tiempo que duro su contratación, a trabajar sin tener encomendada tarea alguna, y sin que nadie se dirigiera a ellos», ha denunciado.