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Economía | Comunidad de Madrid

Los contribuyentes podrán empezar a pedir cita previa este jueves para la atención presencial de la Renta

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  • Será el día 1 de junio cuando la Agencia Tributaria comenzará a asistir a los ciudadanos

EUROPA PRESS – Los contribuyentes podrán empezar a solicitar desde este jueves 26 de mayo su cita previa para la atención presencial de la declaración de la renta correspondiente al año 2021, aunque será el día 1 de junio cuando la Agencia Tributaria comenzará a asistir a los ciudadanos en sus oficinas para la confección y presentación de los documentos.

Además de la presentación por internet a través de la página de la agencia y de la aplicación móvil, los contribuyentes menos habituados a las nuevas tecnologías que requieran asistencia personalizada tienen también este año a su disposición desde principios de mayo el plan ‘Le Llamamos’, una alternativa a la asistencia presencial en oficinas.

El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 27 de junio.

Según los datos más recientes de la Agencia Tributaria a los que ha tenido acceso Europa Press, ya se han presentado más de 11 millones de declaraciones desde que la campaña arrancó el pasado 6 de abril, más de la mitad del total previsto.

CASI 22 MILLONES DE DECLARACIONES Y NUEVO ‘INFORMADOR’ DE RENTA

Y es que en el conjunto de la campaña está prevista la presentación de 21.921.000 declaraciones, un 0,9% más que el año pasado, y de ese total se espera que 14.350.000 den derecho a devolución (dos tercios del total y un 1,1% más que el año anterior) por un importe estimado de 11.122 millones de euros (5,8% más). También se prevén 5.971.000 declaraciones a ingresar (un 1,5% menos), por importe de 13.400 millones de euros.

Con carácter general, los contribuyentes tienen que presentar declaración por IRPF cuando sus rendimientos del trabajo superan los 22.000 euros. Ahora bien, cuando cuentan con dos o más pagadores -sería el caso de un empleador y del SEPE-, ese límite se reduce a 14.000 euros si el importe percibido por el segundo y restantes pagadores supera los 1.500 euros.

Al igual que el año pasado, los perceptores del ingreso mínimo vital y los miembros de la unidad de convivencia están obligados a presentar la declaración. Además, buena parte de los trabajadores que hayan estado en ERTE y ganen menos de 22.000 euros anuales tendrán que presentar la declaración, salvo que no superen los 14.000 euros en total.

La principal novedad de la campaña es la puesta en marcha de una versión renovada y ampliada del ‘Informador’ de Renta y la creación de otro específico sobre actividades económicas.

Esta herramienta, disponible en la web de la Agencia, incluye los bloques de ayuda en Renta estructurados y sistematizados para ofrecer la información solicitada a partir de preguntas sencillas realizadas por el ‘Informador’, que también permite conservar el diálogo y la respuesta dada en formato PDF.

El ‘Informador’ de Renta es un servicio integral de asistencia en línea con más de 800 respuestas a las dudas más destacadas de todo el impuesto en materias tales como las novedades de campaña, la obligación de declarar, opciones de tributación y situaciones personales y familiares, beneficios fiscales, inmuebles y productos financieros, así como las incluidas en el ‘Informador’ específico sobre actividades económicas. Todo ello a partir de 23 apartados iniciales de contenidos.

A su vez, los distintos bloques de información se conectan a un chat que atienden especialistas de la Administración Digital Integral (ADI) en horario de nueve de la mañana a siete de la tarde, permitiendo así una asistencia personalizada para las cuestiones que hayan quedado pendientes de resolver en las respuestas del ‘Informador’.

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Economía | Comunidad de Madrid

La factura de la luz acumula entre enero y septiembre una subida interanual del 70%, según Facua

factura luz enero septiembre

La factura de la luz de un usuario medio acumula entre enero y septiembre una subida interanual del 70,3%, según datos de Facua-Consumidores en Acción sobre la evolución de la tarifa regulada –el denominado PVPC–.

En concreto, un usuario medio, que tiene un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales y una potencia de 4,4 kW, ha abonado en lo que va de año 1.259,14 euros, frente a los 739,56 euros que pagó en los seis primeros meses de 2021.

Durante este año, se han registrado las tres facturas más caras de la historia. Así, en marzo alcanzó los 176,73 euros, en agosto 158,30 euros y en julio 142,40 euros.

En septiembre, el recibo se ha situado en los 137,93 euros, un importe por debajo de los dos meses anteriores. La subida interanual en el último mes ha sido del 34,3%, frente a los 102,71 euros de septiembre del año pasado.

Por tramos horarios, este mes de septiembre el periodo ‘valle’ -de 00.00 a 08.00 horas, sábados, domingos y festivos nacionales completos- fue de media más caro que el ‘llano’ -lunes a viernes de 08.00 a 10.00, de 14.00 a 18.00 y de 22.00 a 00.00 horas-. Así, el primero tuvo un precio medio de 33,12 céntimos por kWh y el segundo 32,56. El horario ‘punta’ se situó en 38,45 céntimos.

MEDIDAS INSUFICIENTES

En un comunicado, Facua señaló que, aunque la aplicación del tope al gas y el IVA al 5% vigente desde julio han frenado un incremento mucho mayor, estas medidas resultan «absolutamente insuficientes», por lo que reclama al Gobierno y a la Comisión Europea actuaciones «mucho más contundentes para acabar con la brutal especulación en el sector y proteger a las familias».

Asimismo, subraya que el modelo de subasta marginalista es «el origen de la especulación y de los desproporcionados precios que pagan los consumidores», por lo que ha pedido al Gobierno que plantee a la Comisión Europea «un cambio radical en el sistema, dado que resulta disparatado que los consumidores tengan que pagar las energías más baratas al precio de las más caras».

Por ello, considera «insuficientes» las medidas adoptadas hasta la fecha por el Gobierno y reclama que «de forma coyuntural la gran mayoría de familias puedan acogerse a un bono social especial».

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El Gobierno pacta con CCOO y UGT una subida salarial del 9,5% para los funcionarios entre 2022 y 2024

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El Gobierno, CCOO y UGT han acordado este lunes una subida salarial para los funcionarios del 9,5%, repartida entre 2022 y 2024, que se ha encontrado con el rechazo de CSIF, también presente en la mesa de negociación, por considerarla insuficiente para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha confirmado, a través de un comunicado, que «la Mesa General de Negociación de la Función Pública ha aprobado hoy la propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública para mejorar las retribuciones de los empleados públicos».

«Con el pacto alcanzado hoy, las empleadas y empleados públicos recuperan los derechos laborales que fueron recortados en 2012 y se potencian los elementos esenciales que deben conformar una Administración para el siglo XXI», añade el comunicado de Hacienda.

La cartera que encabeza María Jesús Montero presentó su propuesta salarial y laboral a los tres sindicatos el pasado jueves y les dio de plazo hasta este lunes para recibir sus respuestas finales.

UGT ya expresó tras esa reunión su respaldo a la oferta de la cartera que dirige María Jesús Montero, y así lo ratificaron sus órganos de decisión el viernes. En los encuentros de este lunes, tanto en el de la mañana como en el de la tarde, el sindicato ha recalcado al Ejecutivo su apoyo a esta subida salarial para los empleados públicos.

La secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha confirmado el pacto con el Ejecutivo después del encuentro de esta tarde.

«Quienes sí hemos avalado y ratificado esa subida salarial somos los mismos sindicatos que esta mañana en la mesa de diálogo social hemos dicho que se ratifica en el seno de nuestras organizaciones sindicales», ha dicho Araque a los medios.

UGT ha recalcado que «apoya este acuerdo desde la coherencia, el realismo y la responsabilidad», para que unos tres millones de empleados públicos «puedan paliar el efecto de la inflación en su economía».

CCOO también ha trasladado esta mañana al Ministerio su ratificación del acuerdo, como ha informado su coordinador del Área Pública, Humberto Muñoz, a través de un vídeo.

«Todo ello está condicionado a una correcta relación en la aprobación, en las próximas semanas, de ese acuerdo en otras materias muy importantes que acompañan al salarial y que tienen que ver con la recuperación de determinados recortes de Gobiernos anteriores», ha expresado.

No obstante, CCOO ha reconocido en un comunicado que, pese al visto bueno de la organización, la subida salarial sigue «siendo insuficiente».

CSIF, que desde el principio exigió un incremento salarial de doble dígito, ha emplazado esta mañana al Ministerio de Hacienda y Función Pública a mejorar su oferta en la reunión de la tarde. El Gobierno ha mantenido su propuesta del 9,5% entre 2022 y 2024 y el presidente de CSIF, Miguel Borra, ha dado su rechazo definitivo.

«Manifestamos nuestro absoluto rechazo a la oferta salarial que nos ha trasladado el Gobierno. Los empleados públicos vamos a volver a perder capacidad adquisitiva. Desde CSIF no vamos a avalar con nuestra firma un acuerdo que desde el minuto cero implica volver a perder capacidad adquisitiva», ha dicho Borra a los medios esta tarde.

CSIF considera que la subida presentada por Hacienda no es de un 9,5%, sino de un 6%, puesto que los funcionarios ya han contado con un alza del 2% en sus nóminas este año. El resto del incremento se corresponde con un 1,5% adicional que dependerá de variables como el IPC o un crecimiento del PIB del 5,9% en 2023, algo que el sindicato ve «muy difícil».

HACIENDA CALCULA UNA REVALORIZACIÓN EN TÉRMINOS REALES DE HASTA EL 9,8%

Los empleados públicos recibirán este 2022 una subida adicional del 1,5% «que compense la inflación», como apunta Hacienda en su nota de prensa. Ese porcentaje se sumará al alza del 2% aprobado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.

La cartera de Montero explica que ese incremento adicional se consolida y, por lo tanto, el aumento de 2023 se aplicará sobre una base mayor.

En 2023, las retribuciones públicas se elevarán un 2,5% y se podrán incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal. Los funcionarios recibirán un 0,5% más si la suma del IPC Armonizado de 2022 y del IPC Armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%.

La otra variable, también del 0,5%, se aplicará si el PIB nominal iguala o supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE de 2023.

En 2024, los sueldos públicos subirán otro 2%, con un 0,5% adicional en función de la variación del IPC armonizado.

Hacienda precisa que el incremento salarial fijo durante el período 2022-2024 es de un 8%, con posibilidad de subir hasta el 9,5% en función de diversas variables contempladas en las cláusulas de revisión.

Además, recuerda que la revalorización salarial podría alcanzar un 9,8%, ya que el incremento salarial de cada ejercicio se consolida y, por tanto, el aumento de cada año se realiza sobre el sueldo incrementado del ejercicio anterior».

El Gobierno y los sindicatos seguirán trabajando «para alcanzar un acuerdo más amplio» que incluya «las reformas comprometidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)».

El acuerdo entre Hacienda y los sindicatos de la Función Pública también recoge la eliminación de las limitaciones que impiden la negociación e implantación de una jornada ordinaria de 35 horas en las Administraciones Públicas, la plena aplicación de la clasificación profesional del artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep) y la derogación de los recortes del Real Decreto Ley 20/2012.

Asimismo, alude a la limitación de la tasa de reposición, a la implementación de las medidas de igualdad, a la negociación sindical de la digitalización y modernización de las Administraciones Públicas, y a la negociación de la atracción y retención del talento en las Administraciones Públicas.

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