La Comunidad de Madrid inicia la tramitación de la nueva deducción en el IRPF para atraer inversión extranjera

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha elevado este miércoles a consulta pública el anteproyecto de ley de la nueva deducción para la captación de inversión extranjera que anunció la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, hace dos semanas.

El texto ya está a disposición de todos los ciudadanos en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, han detallado desde el Gobierno regional. De esta manera, se inicia la tramitación ordinaria en estos casos que finalizará con su aprobación por el Consejo de Gobierno en las próximas semanas.

«Se trata de una ambiciosa deducción en la cuota autonómica del IRPF para inversiones que realicen contribuyentes que lleven al menos 5 años residiendo fuera de España y se instalen en la Comunidad de Madrid», han apuntado.

Estas personas se podrán deducir el 20% del total de la inversión realizada en cualquier tipo de activo, tanto inmobiliario como financiero, en un período máximo de 6 años. No se establece un tope mínimo ni máximo para poder beneficiarse esta deducción, que se aplicará a partir del primer euro de inversión.

Desde el Ejecutivo madrileño han destacado que ha diseñado este incentivo fiscal para «atraer inversión extranjera como contrapeso al Impuesto de la Solidaridad para Grandes Fortunas aprobado recientemente por el Gobierno de España».

Según las estimaciones de la Comunidad de Madrid, este tributo estatal provocará que dejen de llegar a la región más de 1.200 millones de euros al año de inversión extranjera. Actualmente, Madrid atrae tres de cada cuatro euros que llegan a España como inversión desde el exterior.

En este sentido, han subrayado que en la última década (2012-2021), se ha doblado el flujo de inversiones, con un crecimiento medio anual del 9,7%, casi 2 puntos porcentuales por encima de la media de España, que creció a un 8% anual.

Así, han remarcado que la inversión extranjera media anual en la Comunidad de Madrid está en torno a los 15.000 millones de euros, que genera un impacto en PIB de 13.200 millones, más de 186.700 empleos y más de 700 millones de recaudación por impuestos, que son a su vez invertidos en la prestación de servicios públicos.